Un informe reciente del Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) reveló que a lo largo de 20 años, los avances en las políticas de protección a defensores de derechos humanos en Brasil han sido superados por los retrocesos. A pesar del fortalecimiento de la política, se ha detectado un panorama donde las vulnerabilidades se mantienen, y las recomendaciones para mejorar la situación se repiten año tras año.

El informe analiza el aumento de solicitudes de inclusión en el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), que entre 2014 y 2025 se incrementó en un 1.300 por ciento según el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC). Sin embargo, entre 2019 y 2024 se ha observado una tendencia a la baja en el número de casos monitoreados anualmente, pasando de 950 a 500.

Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es la falta de equipos estatales adecuados para atender la demanda. Se destaca que, a pesar de la amplia extensión territorial de estados como Bahía, con 146 personas bajo protección, los equipos a cargo solo cuentan con entre 7 y 9 profesionales, una cifra considerada insuficiente para cubrir las necesidades.

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La debilidad del programa genera desconfianza en los defensores, en especial durante un período de Gobierno de extrema derecha donde los perpetradores de la violencia a menudo estaban en posiciones de poder, comenta Antonio Neto, investigador de la plataforma Justicia Digital, la cual forma parte del CBDDH.

Además, se ha identificado una brecha fundamental en la legislación. El programa de protección aún no ha sido elevado a rango de ley, lo que lo hace dependiente de decretos presidenciales y lo vuelve susceptible a los cambios de Gobierno.

Otro aspecto destacado en el informe es la asignación presupuestaria anual para la protección de los defensores, ya que a pesar de que la misma se ha incrementado significativamente, se considera insuficiente. La mayoría de los fondos se destinan a gastos de gestión, dejando un porcentaje mínimo para la protección directa. Esto evidencia que el enfoque actual no está abordando las causas estructurales de la violencia, que es la forma más efectiva de proteger a los defensores.

En el estado Ceará, se destina una parte significativamente mayor del presupuesto a la gestión y mantenimiento de equipos técnicos (74.76 por ciento) en comparación con la atención y protección directa de los defensores de derechos humanos (8.75 por ciento).

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El CBDDH ha propuesto una serie de mejoras, entre ellas, la aprobación de una ley que dote al programa de un marco legal sólido, una mayor asignación presupuestaria, y la implementación de acciones de protección colectiva.

En esta misma línea, se enfatiza que la responsabilidad de la implementación recae en el Estado y no en las organizaciones de la sociedad civil, aunque la participación popular y social debe ser un componente esencial del programa. La protección de los defensores de derechos humanos es una política pública costosa que requiere un compromiso presupuestario por parte del Gobierno.

De acuerdo con Neto, Brasil, junto a Colombia y México, se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos. El 80 por ciento de las personas bajo protección son líderes que trabajan en temas ambientales, de tierra y territorio.

Entre los grupos protegidos se encuentran pueblos indígenas, quilombolas, y comunidades tradicionales. En tanto, los principales agresores identificados incluyen agricultores, mineros, empresas, madereros, y acaparadores de tierras.

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